Patricia Bustos Acosta.- Llamó mucho la atención que la PROFESO -Procuraduría Federal del Consumidor-, haya anunciado la colocación de sellos de suspensión a 10 funerarias de Guerrero, dique por no cumplir las normas federales en cuanto a las funciones que desempeñan en su giro comercial.

La información la dio el propio delegado estatal de PROFECO, Saúl Montúfar Mendoza, quien además de hacer una detallada exposición de motivos que no nos dijo de que se trataba, dio también una lista de nombres de dichos establecimientos mortuorios, pero lo que realmente nos brinca es que el funcionario federal haya advertido que “la colocación de sellos no implica la suspensión de la actividad comercial, sino que es mera advertencia a los usuarios de que hay una irregularidad y que está bajo un proceso administrativo”.

Entonces salta la pregunta ¿Qué sanciona PROFECO, si no es un procedimiento que sirva de escarmiento a esos negociantes?

Estas reflexiones vienen a cuento, porque no podemos olvidar aquel reprobable acontecimiento en que se involucró el Crematorio del Pacífico, ubicado en la comunidad de Llano Largo en este puerto, donde recibían cadáveres y cobraban por su incineración, sin que hayan realizado el trabajo en más de 60 cuerpos que finalmente quedaron abandonados.

Tal hecho sucedió en el mes de enero del 2015, cuando vecinos del crematorio denunciaron que del establecimiento despedían malos olores, y ellos condujo a la autoridad a indagar el suceso, encontrando los 60 despojos humanos con el consecuente escándalo de los familiares, quienes reclamaban la estafa de que los habían hecho víctimas.

Como era de esperar, de inmediato se desataron supuestas actuaciones de la autoridad y la Fiscalía General del Estado anunció que se castigaría al propietario Guillermo Esta Zardain, quien hasta el momento se encuentra prófugo y el asunto navega con la impunidad. Todo indudablemente, engendrado en conductas como las que asumen las autoridades responsables de evitarlo.

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