Implementa el gobierno de HAF…

El gobernador Héctor Astudillo Flores dio a conocer seis acciones que implementará su administración en la entidad para proteger la libertad de expresión, particularmente para periodistas y defensores de derechos humanos.

Lo anterior, como parte de los acuerdos que suscribieron la semana pasada los mandatarios estatales con el presidente Enrique Peña Nieto a consecuencia del asesinato del reportero Javier Valdez Cárdenas, en Culiacán, Sinaloa, ocurrido el pasado 15 de mayo, apenas dos días después de la retención, robo y amenazas por cien hombres armados contra siete comunicadores en las inmediaciones de Acapetlahuaya, en la carretera federal Iguala-Ciudad Altamirano, cuando regresaban de realizar una cobertura por los narcobloqueos en la región de la Tierra Caliente.

El pasado lunes, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación Federal, Roberto Campa Cifrián y los secretarios generales de los gobiernos de los estados y de la Ciudad de México, en representación de los gobernadores, acordaron implementar diversas acciones sobre el tema.

Este miércoles, el gobernador Héctor Astudillo Flores, después de una reunión de seguimiento temático celebrada en la residencia oficial Casa Guerrero, a la que también asistieron el secretario de Gobierno, Florencio Salazar Adame; el fiscal Xavier Olea Peláez; el secretario de Seguridad Pública, Pedro Almazán Cervantes; la directora general de Comunicación Social, Erika Lührs Cortés, entre otros, dio a conocer los seis puntos sobre las acciones por la libertad de expresión para la protección de periodistas y defensores de derechos humanos.

Se designará un fiscal para la atención especial a delitos contra la libertad de expresión y de prensa; se creará una unidad de atención a periodistas; aprobar la Ley enviada al Congreso para la protección a defensores de derechos humanos y periodistas; capacitación sobre el mecanismo nacional de protección; un catálogo de periodistas en riesgo y la elaboración del mapa estatal de riesgo para defensores de derechos humanos y periodistas.

Dentro de esas acciones, el gobierno de Guerrero contempla la asignación del fiscal especial para atención a periodistas conforme el artículo 140, fracción IV de la Constitución y a los artículos 24 y 25 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.

El fiscal deberá elaborar un acuerdo de creación o crear una Unidad de Atención Compacta encargada de operar el mecanismo para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas, así como atender la demanda de los periodistas y recabar información sobre índices delictivos, riesgos y amenazas.

Se destaca que el Poder Ejecutivo de Guerrero, desde el pasado 15 de diciembre del 2016, envió una iniciativa de Ley para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas del estado, la que aún se encuentra en análisis en comisiones legislativas del Congreso local.

También, buscarán fortalecer la figura de enlaces con servidores públicos de mayor jerarquía y capacidad de respuesta, e incorporar el mecanismo estatal homologado al mecanismo nacional de protección que se encuentra establecido en la iniciativa de Ley del estado de Guerrero para la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas.

Además de que se establecerá un número telefónico exclusivo para la atención a periodistas enlazados al Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C-4), con un convenio con las secretarías generales de gobierno del país y de seguridad pública.

La creación del catálogo de periodistas en riesgo, contendrá la definición de comunicadores que, por las características de su circunstancia, se considera que pueden encontrarse en condiciones de riesgo al ejercer su oficio, así como también, se elaborará y actualizará el mapa estatal de riesgo para defensores de derechos humanos y periodistas.

El gobernador reiteró su compromiso para realizar cada una de estas acciones y darles puntual seguimiento, “pero, sobre todo, que realmente cumplan su cometido”.

Héctor Astudillo mencionó que “Guerrero requiere de todos y también de quienes tienen la responsabilidad de informar para contribuir a la vida democrática nacional, por lo que he instruido al secretario general de Gobierno, Florencio Salazar Adame, a efecto de dar seguimiento a los acuerdos y mantener la coordinación con la Secretaría de Gobernación”.

El pasado 17 de mayo, el presidente Enrique Peña Nieto, durante la reunión extraordinaria con la Comisión Nacional de Gobernadores (CONAGO), se comprometió a que los crímenes contra periodistas “no quedarán impunes”.

Según cifras de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, del 2000 al 2017, en México, 120 periodistas han sido asesinados.

En marzo de este año, en Ciudad Altamirano, Guerrero, fue ejecutado a balazos el reportero Cecilio Pineda Birto, caso que sigue sin esclarecerse, como otros.

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