Los juzgados federales 2 y 6 de Acapulco admitieron las demandas de amparo promovidas por mil 34 indígenas en contra del Congreso local, por no armonizar la Ley 701.

Los órganos jurisdiccionales otorgaron un plazo de 15 días hábiles al Poder Legislativo para que rinda un informe en el que acepte o niegue los actos reclamados.

Las demandas fueron presentadas por separado el pasado 6 de abril por las casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Ometepec y San Luis Acatlán, en contra de la “omisión legislativa” del Congreso y la Comisión de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, con el objetivo de preservar el texto original de la Ley 701.

Denunciaron que ambas instancias no armonizaron la citada ley de Reconocimiento, Derechos y Cultura de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Guerrero con la Constitución Política local, de acuerdo al plazo establecido.

Con base a la resolución, la cual fue proporcionada por el presidente del Colegio de Abogados de Chilpancingo A.C., Rubén Cayetano García, ambos juzgados concluyeron que el Congreso “violó flagrantemente” el artículo 2 de la Constitución federal, así como el Tercer Transitorio de la Constitución de Guerrero, así como el 175, por el que se reformó dicho transitorio, al impedir que se armonizara el texto de la Ley 701.

El citado artículo establecía un plazo de 24 meses para armonizar las leyes secundarias, tras la aprobación de la Reforma Integral a la Constitución de Guerrero en 2014, cuyo plazo venció en 2016, pero los diputados prorrogaron el trámite al 15 de marzo del 2017, mismo que también se venció sin que reformaran la citada ley.

Cayetano explicó que se “genera un vacío jurídico”, porque la Ley 701 es una norma reglamentaria que dependía del artículo 10 de la Constitución reformada, la cual ya no tiene vigencia y aplicación por no haber sido adecuada al texto de la Carta Magna Local.

“En efecto, la Ley 701 es una Norma Reglamentaria del artículo 10 de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Guerrero, cuyo texto fue reformado y ya no existe, al igual que toda la Constitución anterior, y por ello el artículo Tercero Transitorio mandató su concordancia, lo que implicaba hacerlo durante los 24 meses posteriores a la entrada en vigor de las mencionadas reformas, lo que al no ocurrir, lo reformaron concediéndose un plazo de casi un año para hacerlo, mismo que se extinguió el pasado 15 de marzo de este año 2017, sin que los legisladores hayan cumplido con el mandato constitucional”, sostiene.

Por eso “quedan colmados todos los elementos para no dudar en conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión”, concluyeron en los juzgados federales.

Cayetano agregó que se incurrió en un acto de “discriminación” al no atender el mandato de la autonomía y libre determinación, derechos humanos a tener asesoría legal en su lengua, usos y costumbres, brindarse seguridad, entre tantos y más derechos.

Además, añadió, de que “soslaya”  la recomendación 9/2016 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para que entidades públicas de Guerrero coordinaran sus facultades y atribuciones legales y se reconocieran institucionalmente, lo cual en lugar de hacerlo, la violaron.

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